(+34) 954233752

Artículo en ABC de Sevilla: Los 5 peligros de acceder a un WiFi público

Incluimos a continuación la introducción del artículo “Los cinco peligros de acceder a un Wifi público en bares, aeropuertos, metros o trenes”, de la periodista Mª Jesús Pereira, publicado hoy en la edición digital del ABC de Sevilla, en el que colabora el miembro de este despacho, Pedro Rodríguez López de Lemus.

Acceder a un Wifi público ofrece muchas oportunidades pero también peligros, sobre todo cuando no se toman precauciones, según advierte Pedro Rodríguez López de Lemus, abogado especializado en protección de datos. «Cada vez más necesitamos estar permanentemente conectados a Internet, como si fuera el aire que respiramos, por lo que solemos hacer uso de las numerosas Wifi públicas que vamos encontrando en nuestro camino, ya sea en un bar, comercio, hotel, estación, tranvía, o una calle o plaza cualquiera», declara este letrado, quien puntualiza que «este aire puede estar contaminado y traernos muchos más disgustos que alegrías. Por ello, es necesario que conozcamos los peligros que conlleva la conexión de nuestros dispositivos móviles o portátiles a estas redes gratuitas, para así poder evitar los mismos».

Una empresa no podrá obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo electrónico en el contrato

Una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la empresa en proceso de conflicto colectivo promovido por el sindicato CCOO, como consecuencia de que la empresa desde un cierto tiempo hubiera incorporado a los contratos de trabajo del personal de nuevo ingreso una cláusula que dice: “Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible”.

Los sitios web han de cumplir con el depósito legal

El depósito legal es, tal y como se señala en la Ley 23/2011, de 29 de julio, la institución jurídica que permite a la Administración recoger ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, sea ésta gratuita u onerosa, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España en cada momento histórico.

Artículo en Diario de Sevilla: La multa por los datos publicados puede llegar a los 300.000 euros

Incluimos a continuación un artículo publicado en el Diario de Sevilla en el que colabora el miembro de este despacho, Pedro Rodríguez López de Lemus.

La empresa encargada del funcionamiento de la oficina virtual de la Agencia Tributaria de Sevilla podría enfrentarse a una sanción que llegaría hasta los 300.000 euros. Así se desprende de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que define como infracción grave la falta de protección de información personal, extremo ocurrido en el fallo de seguridad detectado en el enlace relacionado con la Hacienda local. Suerte muy distinta hubiera corrido el Ayuntamiento si la gestión de la web fuera completamente responsabilidad suya, para lo cual la citada ley exime del pago de cualquier multa.

Indemnización de 100.000 € por unas fotos publicadas en una revista

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la actriz Inma Cuesta por la intromisión declarada en su intimidad y propia imagen a raíz de la publicación en una revista de unas fotografías en ‘top less’ mientras se encontraba en un lugar privado.

Suprimidas las tasas judiciales para las personas

Desde del 2 de marzo de 2015 las personas físicas no tienen que pagar tasas judiciales. El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, ya publicado en el BOE, ha modificado la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.