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La caducidad del Derecho al Olvido

Comenzaré intentando definir de manera escueta el Derecho al Olvido Digital: es el derecho que tienen los ciudadanos a que no aparezca indexada información sobre ellos cuando se realiza una búsqueda en un buscador de Internet introduciendo como palabras clave su nombre y apellidos. Este derecho es modulado por el carácter de personaje público que pueda tener la persona afectada, a más carácter público menor será su derecho al olvido, y por el interés histórico de la información, a mayor interés menor será su derecho al olvido.

Así, este derecho se materializa en que el buscador no indexe cierta información de determinadas personas que aparecen en otros sitios web, y que éstos sitios web utilicen medios técnicos que no permitan la indexación de esta información por los buscadores que rastrean Internet.

Este peculiar derecho nace del principio de calidad de datos, que ha de aplicarse a todos los tratamientos de datos de carácter personal, y que exige que los datos personales objeto de tratamiento han de ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para las que se hayan obtenido. Por tanto, cuando un ciudadano cree que no se cumple este principio de calidad en el tratamiento de sus datos personales tiene derecho a oponerse o cancelar el mismo, y si no se atiende su derecho se podrá estar vulnerando su derecho a la privacidad, intimidad, o incluso su derecho al honor, por lo que podrá ejercitar todas las acciones legales que tenga a su alcance para que cese y se repare dicha vulneración.

Para ello es imprescindible apreciar si la acción a ejercitar ha caducado o no, y aquí surge la duda, ¿cuándo comienza a contar el plazo de caducidad?

Alguna vez he leído quien opinaba que comienza cuándo se publicó la información en el sitio web, o que comienza desde que el afectado tiene conocimiento de la indexación por un buscador, o incluso desde que se ejercita el derecho al olvido ante el buscador. Aunque la respuesta pueda ser evidente, el Tribunal Supremo lo ha dejado claro, la última Sentencia de 15 de octubre de 2015, considera “que los daños producidos por el tratamiento de los datos personales que no cumpla los requisitos que establece el ordenamiento jurídico, tienen naturaleza de daños continuados y que el plazo para el ejercicio de la acción de protección de los derechos del afectado por el tratamiento ilícito de datos personales no se inicia en tanto el afectado no tenga conocimiento del cese de dicho tratamiento“.

En definitiva, mientras persista el tratamiento de los datos personales, por el buscador de Internet o por el sitio web que no impide su indexación, las acciones a ejercitar ante ellos no habrán caducado.

Pedro Rodríguez López de Lemus

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