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La nueva normativa nacional de adaptación al RGPD establece una moratoria para los contratos con encargados

El pasado 28 de julio de 2018 entró en vigor la normativa nacional que adapta y completa, aunque solo en una mínima parte, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y estará vigente hasta que vea la luz la nueva legislación orgánica de protección de datos, que dada la oscuridad parlamentaria en la que estamos inmersos parece que no será pronto.

Así, este Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, establece, entre otras cuestiones, que las labores inspección en nuestro país serán llevadas a cabo por la Agencia Española de Protección de Datos; que los sujetos al régimen sancionador son los responsables de los tratamientos, los encargados, los representantes de los anteriores cuando estos no estén establecidos en la Unión Europea, las entidades de certificación, y las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta; que las infracciones prescribirán a los dos o tres años, dependiendo de si el tipo de infracción es de las sancionadas con un máximo de 10.000.000 o 20.000.000 €; que los procedimientos sancionadores se regirán por lo dispuesto en el RGPD, en la normativa española de protección de datos y por las normas generales sobre los procedimientos administrativos; que la duración máxima de los procedimientos relacionados con las solicitudes de ejercicio de los derechos de los ciudadanos será de 6 meses, y de 9 meses para los procedimientos sancionadores, más la posibilidad de que se lleven a cabo actuaciones previas de investigación por 12 meses; el procedimiento de admisión a trámite de las reclamaciones, destacando que la Agencia podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia de esta, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento, siempre que no se haya causado perjuicio al afectado; o que los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa anterior, salvo que la nueva normativa contenga disposiciones más favorables para el interesado.

Por último, y quizás lo más destacable y novedoso, es la moratoria a los contratos entre responsable y encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo del artículo 12 de la LOPD, estableciéndose que mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos, y en caso de vencimiento indefinido, hasta el 25 de mayo de 2022. No obstante, este Real Decreto-ley permite a cualquiera de las partes exigir a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a las nuevas exigencias establecidas en el RGPD para estos contratos.

Pedro Rodríguez López de Lemus

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