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¿Puede la Administración Tributaria usar como prueba datos personales que han sido previamente recabados en un proceso penal?

La cuestión es la siguiente, habiéndose obtenido en el ámbito de un procedimiento penal contra determinadas personas una prueba documental referida a una tercera persona, ¿pueden utilizarse estos datos personales por la Administración Tributaria en un procedimiento administrativo como prueba para dictar una liquidación e imponer una sanción a este tercero?

Por supuesto, se parte de que dicha prueba se obtuvo lícitamente mediante el correspondiente auto judicial de entrada y registro con todas las garantías y salvaguardas establecidas legalmente en los procedimientos penales.

Precisamente por esta excepcionalidad que se establece para los procedimientos penales, hay quien defiende que las pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal no pueden ser utilizadas después en un procedimiento administrativo tributario, ya que el traslado de esa información supondría una vulneración del derecho fundamental a la protección de sus datos.

Planteada la cuestión ante el Tribunal Constitucional, y dado que esta afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional, ha analizado la cuestión y ha resuelto recientemente que el art. 94.3 de la LGT establece la obligación para el órgano judicial de comunicar a la administración «cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales», y ello con independencia del concreto medio de obtención de esos datos con el único límite que establece el precepto es el «secreto de las diligencias sumariales».

López de Lemus Abogados

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