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Datos y Estatuto

Trataremos un aspecto de contenido de la Proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, un derecho fundamental para todos, la protección de datos personales. Es éste un conjunto de derechos que tenemos todos los ciudadanos frente al uso que se hace de nuestros datos personales, no solo de aquellos que pueden considerarse dentro de nuestra esfera íntima personal o familiar, sino de cualquier tipo de dato relacionado con nuestra persona, como lo son nuestro nombre y apellidos, nuestra dirección, nuestros teléfonos, nuestros códigos de cuentas bancarias, etcétera.

Surge este derecho como protección a los avances tecnológicos, ya que el uso informático de nuestros datos nos hacen ser muy vulnerables frente a su tratamiento por parte de las empresas y de las distintas Administraciones públicas con las que nos relacionamos. Hoy día a través de nuestra información bancaria, compras y servicios que pagamos mediante tarjetas de crédito, los formularios que rellenamos, y un sinfín de formas por las que vamos dejando datos personales, las empresas y Administraciones tienen tantos datos sobre nuestros gustos, preferencias, modo de vida, etcétera, que al ser tratados informáticamente pueden saber más de nosotros que nosotros mismos, e incluso adelantarse a nuestros deseos y pensamientos.

Por ello es imprescindible que existan mecanismos establecidos que nos protejan, siendo el principal de éstos las “Agencias de Protección de Datos”, órganos independientes de carácter público encargados de que se cumpla con la legislación en esta materia. En nuestro país existen dos tipos de estas agencias, una de ámbito estatal, y otras de ámbito autonómico respecto a los datos personales que trata su Administración autonómica, sus Ayuntamientos, y todos los entes dependientes de ambas.

Pues bien, la Proposición de reforma del Estatuto hace referencia a este derecho en tres ocasiones, la primera de ellas para decirnos que se garantiza el derecho de todos al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las Administraciones públicas andaluzas. Es cierta esta declaración de derechos, pues así lo obliga la actual normativa en protección de datos, pero es solo un botón de muestra respecto a todos los derechos que nos protegen en esta materia, y no es siquiera una muestra de los más importantes, por lo que deberían enumerarse todos ellos, o simplemente hacer una mención general a la protección de nuestros datos personales.

La segunda alusión nos dice que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre protección de datos de carácter personal, gestionados por las instituciones autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, Administraciones locales, y otras entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, así como por las universidades del sistema universitario andaluz. Esta vez además de ser cierta la declaración es completa, y teniendo en cuenta que siendo la Administración pública andaluza quien más datos almacena y trata sobre todos nosotros, se hace imprescindible que se cree una Agencia autonómica de protección de datos para Andalucía.

Esta Agencia Andaluza de Protección de Datos, además de velar por el cumplimiento de toda la normativa que protege nuestros datos personales, tendría la labor de difundir entre todos los ciudadanos su Derecho Fundamental de protección de datos, y concienciar a los empresarios y a los distintos órganos de la Administración la importancia del cumplimiento de esta normativa.

Este Proyecto, en su tercera alusión, ya prevé que la Junta de Andalucía participará en el proceso de designación de los miembros de la Agencia de Protección de Datos, entiendo que la autonómica que se creará. Está muy bien que se cree esta Agencia, será muy beneficioso sin duda, pero es una pena que estemos a la cola de España en este tema, al menos respecto a las de siempre, ya que hace tiempo que Madrid, Cataluña, País Vasco y Galicia cuentan con su propias Agencias Autonómicas de Protección de Datos, al igual que podría tenerla ya Andalucía sin tener que esperar a un nuevo Estatuto, tal y como hicieron éstas, pues la normativa actual lo permite, pero más vale tarde que nunca, aunque a día de hoy ni para el “tarde” hay fecha aun.

Pedro Rodríguez López de Lemus

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