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Los denunciantes ante la Agencia no pueden recurrir sus decisiones

Tras la denuncia de algún hecho que pudiera ser constitutivo de una infracción de la normativa de protección de datos, ante la Agencia Española de Protección de Datos, o la autoridad de control autonómica que corresponda, ésta debe decidir si archiva el asunto porque no aprecie vulneración de la normativa, o si inicia unas actuaciones previas que pueden desembocar en un procedimiento sancionador, y en su caso, una resolución con una sanción al denunciado.

Son muchas las ocasiones en las que el denunciante estima que debiera iniciarse un procedimiento sancionador, en el caso de que se archive su denuncia, o que la sanción es demasiado baja, o incluso que no corresponde realizar un apercibimiento. En estos casos, una vez que el denunciante recibe la notificación de la Agencia, puede comprobar que existe la posibilidad de, además del correspondiente recurso de reposición ante la misma Agencia, recurrir esa decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Pero, nada más lejos de la realidad, ya que es doctrina jurisprudencial que el denunciante carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia. La razón esgrimida es que ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su Reglamento de desarrollo reconocen al denunciante la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se pueda incoar a resultas de su denuncia.

Señalan los tribunales que el denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo víctima de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado, luego no se admite que el denunciante pueda impugnar la resolución administrativa final. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora, y por consiguiente, sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado.

No obstante, deben hacerse dos precisiones, la primera, que el denunciante puede impugnar el archivo de la denuncia para demandar la debida averiguación de los hechos denunciados, y la segunda, que aunque el denunciante de una infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar la resolución de la Agencia en lo que concierne al resultado sancionador mismo (imposición de una sanción, cuantía de la misma, exculpación, …), puede tener legitimación activa con respecto a aspectos de la resolución distintos del específicamente sancionador siempre que, por supuesto, pueda mostrar algún genuino interés digno de tutela. Así, esta falta de legitimación no resulta trasladable al ámbito del procedimiento administrativo de tutela de derechos en el que no se persigue un resultado sancionador sino la tutela de un derecho personalísimo desvinculada por completo de cualquier posible sanción, pues en este caso no puede sostenerse que el afectado no ostenta legitimación para tutelar y preservar, al margen de cualquier función punitiva, el derecho que trata de defender.

En conclusión, se reconoce legitimación al denunciante para demandar el desarrollo de la actividad investigadora que resulte conveniente para la debida averiguación de los hechos que hayan sido denunciados, o cuando se esté ejerciendo una tutela de derecho de acceso, rectificación, cancelación, u oposición, pero no para que esa actividad necesariamente finalice en una resolución sancionadora.

Pedro Rodríguez López de Lemus

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