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Un nuevo impuesto para hacer publicidad

Publicidad y privacidad no son términos enfrentados, al menos no lo eran hasta hoy. Las empresas para el correcto desenvolvimiento de su negocio necesitan hacer publicidad, por ello la Ley Orgánica de Protección de Datos, conocida popularmente como la LOPD, así lo permite, consintiendo la toma de datos de las fuentes accesibles al público, principalmente la guía telefónica, para realizar publicidad por correo postal o mediante llamadas telefónicas.

Por otra parte, la LOPD, en defensa de la privacidad de los ciudadanos, permite ejercer sin coste alguno el derecho de oposición a recibir publicidad, indicándose con una marca, que no se desea recibir publicidad, como en el caso de la guía telefónica que figura una “U” en aquéllos que no quieren recibirla.

Se puede decir que existía un equilibrio de fuerzas entre el derecho de las empresas a hacer publicidad, y el de los ciudadanos a mantener su privacidad y no recibirla. Pero recientemente, la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), junto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), han difundido un comunicado de prensa sobre la creación de una lista Robinson que altera este equilibrio.

Esta lista, propiedad de esta federación de empresas, es un fichero de exclusión publicitaria, es decir, un servicio en el que los ciudadanos pueden inscribirse para evitar recibir comunicaciones comerciales, mediante llamadas, sms, correo postal y correo electrónico, de todas las empresas que toman los datos para hacer publicidad de fuentes accesibles al público, principalmente la guía telefónica.

Con la normativa actual esta lista es innecesaria, ya que por Ley las comunicaciones comerciales por medios electrónicos, como pueden ser los correos electrónicos y los sms, están terminantemente prohibidas si no es con autorización previa del destinatario, por lo que no hace falta indicar a nadie que no se quiere recibir este tipo de comunicaciones, basta con no consentir en ello previamente. Igualmente, la LOPD afecta también al resto de comunicaciones comerciales, ya que como hemos dicho antes, quién no quiera recibir comunicaciones comerciales por carta o teléfono puede comunicarlo de manera sencilla y gratuita.

Por todo ello, parece que esta lista no tiene como fin proteger a los ciudadanos que no quieran recibir publicidad, sino más bien cobrar un “impuesto” a aquellos empresarios y profesionales que quieran difundir sus productos o servicios, ya que les obliga a pasar por caja cada vez que quieran hacer una comunicación publicitaria, y pagar a la FECEMD, una entidad privada, que aunque muy respetable, no es quien para controlar, más allá de sus asociados, a quien se hace publicidad.

Pero esto no ha hecho nada más que empezar, ya que visto el negocio, en breve comenzarán a ver la luz nuevas listas de exclusión publicitaria de otras entidades privadas, que igualmente pretenderán cobrar por consultar su lista particular de excluidos.

Pedro Rodríguez López de Lemus

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