(+34) 954 233 752

La herencia digital a la luz del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal

El uso cada vez está más extendido de Internet en la actualidad conlleva la aparición de una “identidad digital”. La democratización de los medios tecnológicos y de internet posibilita a personas de todas las edades crear cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales, foros, etc.

Entre las preocupaciones que pueden tener los usuarios se encuentra la huella que pueden dejar tras el uso de las diferentes plataformas y, en concreto, qué ocurrirá con los datos personales que son recogidos una vez hayan fallecido.

Hasta ahora, las principales redes sociales ya establecían en sus condiciones algún método para gestionar las cuentas de personas fallecidas, pero no existía legislación al respecto.

El Reglamento General de Protección de Datos, norma comunitaria que será de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, aclara en el apartado 27 de su exposición de motivos que los datos de carácter personal de personas fallecidas quedan fuera de su ámbito de aplicación. No obstante, reconoce competencia a los Estados miembros para establecer normas relativas al tratamiento de estos datos personales.

La realidad social de la herencia digital ha tenido reflejo previamente en normativas de otros Estados, como es el caso de Francia, pero en nuestro país la primera vez que se ha regulado esta materia ha sido en la Ley 10/2017, de 27 de junio, norma autonómica catalana. Ésta reforma su código civil y recoge el concepto de voluntades digitales, como disposiciones establecidas por una persona para que se actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el causante tenga cuentas activas después de su muerte.

En resumidas cuentas, esta norma autonómica prevé la posibilidad de designar a una persona, ya sea física o jurídica, para ejecutar sus voluntades digitales mediante testamento, codicilo o memorias testamentarias; en ausencia de esas disposiciones mediante un documento que se inscribe en el Registro de voluntades digitales; o en defecto de designación, el propio heredero, albacea o administrador de la herencia puede ejecutar las voluntades digitales o designar a otra persona para ello.

En espera de la publicación de la nueva Ley Orgánica de datos de carácter personal, conviene examinar las previsiones que se han realizado sobre esta materia en el proyecto de Ley Orgánica.

A pesar de que nuevamente se precisa en la letra d) del artículo 2.2 que la norma no es de aplicación a los datos personales de los fallecidos, a continuación el artículo 3 está dedicado a los datos de las personas fallecidas. Concretamente, el precepto permite que los herederos que acrediten su condición puedan solicitar al responsable o encargado del tratamiento el acceso a los datos del fallecido, su rectificación o su supresión. También, puede llevarlo a cabo el albacea testamentario o “aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello”.

Estas acciones se ven limitadas por las instrucciones que haya dejado el propio fallecido, que incluso puede prohibir expresamente que sus herederos hagan las mencionadas gestiones.

Tratándose de menores, sus representantes legales y el Ministerio Fiscal también están facultados para ello. Además de los anteriores, pueden ejercer estas facultades los designados para el ejercicio de funciones de apoyo, con respecto a las personas con discapacidad.

Asimismo, la Disposición adicional séptima establece el mismo mecanismo en lo relativo al acceso a contenidos de personas fallecidas gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Coherentemente, el incumplimiento por el responsable de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida tras ser exigido conforme al artículo 3 supone un incumplimiento de la normativa de protección de datos considerada, como supondría no atender el ejercicio del derecho de acceso, rectificación o supresión. En cualquier caso, el artículo 74.g) lo recoge expresamente como infracción leve, con un plazo de prescripción de un año.

Esta regulación trae consigo algunas consecuencias. Por un lado, el hecho de que personas jurídicas puedan ser designados para realizar dichas gestiones consolida un modelo de negocio que venía implantándose desde hace unos años. Quizás es difícil pensar que una persona en vida encargue a una empresa la tarea de eliminar o gestionar su huella digital, pero quizás sí será común que contrate un seguro en el que se incluyan ese tipo de prestaciones. Incluso el propio heredero que se encuentre con que no existe persona expresamente designada al respecto y que por tanto la responsabilidad sería suya, podría estar interesado en contratar ese servicio. Por otro lado, la obligación de los responsables de prestar mayor atención a este tipo de solicitudes de acceso o supresión que se harán.

En otro orden de cosas, quedamos a la espera de la ley definitiva para conocer más detalles, de los mecanismos que estarán habilitados para dejar constancia de las designaciones. Al respecto, el precepto comentado únicamente manifiesta que deberán establecerse mediante decreto-ley los requisitos de validez de los mandatos y, en su caso, el registro de los mismos.

Según esa previsión, existe la posibilidad de que se cree a tal efecto un registro electrónico de carácter administrativo como es el caso de la norma catalana. De esta forma, no sería obligatorio designar una persona encargada para gestionar nuestro legado digital a través de una disposición testamentaria, siendo totalmente posible el escenario en el que tras el fallecimiento de una persona se compruebe que no existe testamento alguno pero sí una disposición en cuanto al tratamiento de estos datos personales.

Además, habría que determinar las personas que estarían legitimadas para acceder al contenido de las designaciones contenidas en dicho registro. Por ejemplo, la ley catalana únicamente permite obtener el documento y, por lo tanto, acceder al contenido de las voluntades digitales inscritas en el Registro electrónico de voluntades digitales a las personas designadas para la ejecución de las voluntades digitales, entendiéndose que no podrían hacerlo así los herederos o legados.

López de Lemus Abogados

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.