Los padres pueden leer los mensajes de sus hijos adolescentes
¿Puede los padres de hijos adolescentes leer sus mensajes en las redes sociales sin su consentimiento? La respuesta es sí, aunque con matices, así lo afirma la Sentencia del Tribunal Supremo 864/2015 de 10 diciembre de 2015.
Hay que partir de la base de que los menores son titulares del derecho a la intimidad de acuerdo con su madurez, y que hay que respetar no sólo su derecho a la intimidad personal y familiar, sino también su derecho al honor y a la propia imagen. Además, ha de tenerse en cuenta que si sus condiciones de madurez lo permiten, el consentimiento necesario para invadir estos derechos deberá prestarse por los propios menores.
Por tanto, los adolescentes son legítimos titulares del derecho a la intimidad, y son ellos los capacitados para otorgar, o no, su consentimiento para la afectación del mismo.
Pero, ¿qué pasa si los padres leen los mensajes de sus hijos adolescentes? Lo primero que hay que aclarar es que no se estaría vulnerando su derecho al secreto de las comunicaciones, ya que no se desarrollaría en el proceso de comunicación, sino que estaríamos ante una posible vulneración de su derecho a la intimidad, ya que se produciría una vez cesada la comunicación, es decir, posteriormente a que el mensaje llegó al receptor.
Dando respuesta a la cuestión, en principio, los padres no pueden vulnerar el derecho a la intimidad de sus hijos adolescentes leyendo sus mensajes privados, no obstante, conviene recordar que al titular de la patria potestad se le atribuye una función de vigilancia y cuidado respecto al menor, por lo que en caso de que existan signos claros de que los menores son víctimas de una actividad presuntamente criminal, prevalecerá la protección del menor a su derecho a la intimidad.
Así, en estos casos, los padres podrán acceder a los mensajes privado de sus hijos adolescentes y éstos podrán ser aportados válidamente en un procedimiento judicial, ya que, como indica el Tribunal Supremo, el ordenamiento no puede hacer descansar en los padres el cuidado de sus hijos y al mismo tiempo desposeerles de toda capacidad de control en casos en que las evidencias apunten a que se está cometiendo una actividad delictiva contra sus hijos.