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La decisión correcta para la defensa del Honor

Como todo en el ámbito jurídico, las decisiones correctas son la base de una buena defensa de nuestro derecho y consecuentemente de un fallo acorde con nuestras pretensiones. Pero, no siempre tenemos un amplio abanico de posibilidades, o teniéndolas, no todas ellas son compatibles entre sí. Un claro ejemplo de ello ocurre en materia de vulneración del derecho al honor (7.7 LO 1/1982). ¿Qué acción interponer cuando se vulnera nuestro derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española? A priori, tenemos dos opciones:

La primera, acudir por la vía civil ante el Juzgado de Primera Instancia, siendo el proceso por el que se tramitará el asunto un proceso declarativo ordinario, en el que será parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente (artículo. 248 y 249.1.2º  LEC), teniendo un plazo de 4 años para interponer demanda (artículo 9.5 LO 1/1982).

La segunda, dependiendo de la gravedad de la imputación, sería calificada como un delito contra el honor de injuria, encuadrándose en el artículo 208 del Código Penal, siendo ésta “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” y perseguibles siempre mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (artículo 173.4 CP).

Nuestra pregunta sería qué opción es la más favorable escoger, o si ambas son o no compatibles entre sí, entendiendo que toda persona cuyo honor haya sido vulnerado, dispone de 4 años para ejercitar acciones en sede judicial desde que pudo ejercitar dicha acción (artículo 9.5 LO 1/1982), y que transcurridos los mismos se extingue su derecho. El TS en su sentencia 28 de septiembre de 1998 establece que se trata de un verdadero derecho de opción , es decir,  se puede optar indistintamente por una u otra vía, pero si ejercitamos la vía penal no se suspenden los plazos de caducidad, es decir, los 4 años siguen contando desde que el legitimado pudo ejercitarlos.

Una sentencia más que corrobora que la vía penal agota la vía civil en materia de interposición de  demanda por vulneración del derecho al honor sería la STC 77/2002 de 8 de abril del Tribunal Constitucional por el recurso de amparo 4643/98 promovido por doña Isabel P. frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El TC en esa sentencia desestimó su demanda por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia). Así, la demandante quiso iniciar acción en vía civil después de ejercitada por la vía penal y el TS en su sentencia 28 de septiembre de 1998 “da por caducada la vertiente civil en virtud del transcurso del tiempo al entender que habían transcurrido más de cuatro años desde que la recurrente tuvo conocimiento de la intromisión” (Antecedente 1.e). Por tanto, entiende éste que la interposición de demanda y desarrollo de un proceso en vía penal no suspende el plazo de los 4 años de caducidad reconocido en el artículo 9.5 LO 1/1982, por tanto el derecho se extingue una vez pasados los mismos.

El TS razona como intérprete de la legalidad ordinaria que, “por tratarse de un plazo de caducidad el ejercicio de la acción penal por la que primeramente optó la demandante, no puede producir el efecto de la interrupción ni de la suspensión del plazo de caducidad sin una previsión normativa expresa que así lo establezca”( Fundamento Jurídico 5 párrafo 2º, pág.57) y argumenta que la dilación de la justicia no es una causa de fuerza mayor (Fundamento jurídico 1, pág. 54, final párrafo 3º). Y como argumenta el TS  28 septiembre de 1998: “la posibilidad de ejercer la vía civil después de agotada la penal equivaldría a mantener indefinidamente la posibilidad reclamatoria”.

Finalmente el TC, en consonancia con la línea jurisprudencial seguida hasta el momento deniega el recurso de amparo por caducidad de la acción civil de protección del derecho al honor y la intimidad, pues debe considerarse que ha existido auténtico acceso a la justicia cuando se inició éste previamente por vía penal (Fundamento Jurídico 3, pág. 56).

Además, debemos decir que ambas acciones son excluyentes en el mismo tiempo, de modo que no pueden interponerse a la vez ante dos juzgados distintos. Es decir, no podemos interponer demanda por vía civil y vía penal al mismo tiempo con objeto de que no caduque la acción. Según lo dispuesto en el artículo 111 LeCrim, “mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitará la civil con separación hasta que aquélla haya sido resuelta en sentencia firme”. Pero por otro lado, el artículo 112 LeCrim establece lo siguiente: “ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar”.

También, continúa este artículo diciendo que “si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular (como sería el delito de injuria), se considerará extinguida desde luego la acción penal”.

De modo que si decidiésemos interponer acción civil, se extingue la acción penal por lo dispuesto en el artículo 112 LeCrim, pero si decidiésemos iniciar acción penal previa a la civil y desestiman nuestra pretensión en vía penal, habiendo agotado ya todas las vías procesales posibles por este cauce, podríamos obtener dos resultados:

Que la sentencia desestime nuestra pretensión dentro de los 4 años señalados en el artículo 9.5 LO 1/1982, pudiendo acudir a la vía civil dentro de ese plazo, no existiendo impedimento, a mi juicio.

Que la  sentencia desestime nuestra pretensión pasados los 4 años señalados en el artículo 9.5 LO 1/1982, no pudiendo, por tanto, iniciar acción en vía civil por vulneración del derecho  al honor tal y como argumenta el TS 28 septiembre de 1998: “la posibilidad de ejercer la vía civil después de agotada la penal equivaldría a mantener indefinidamente la posibilidad reclamatoria.”

Por todo lo expuesto, reafirmo lo comentado al inicio de este artículo, poniendo énfasis en la necesidad de tomar las correctas decisiones partiendo siempre, no sólo de las posibilidades que nos ofrece la ley, sino también de los criterios interpretativos que establece la jurisprudencia y que tan importantes, decisivos y condicionantes son.

Belén Gallego Romero

bgallego@lopezdelemus.com

López de Lemus Abogados

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